Condenan a poco más de un año por estafa a la edil de Camas Carmen Lobo

Simularon un contrato de arrendamiento a favor de Lobo para evitar que un piso propiedad de Gordo pasara a las personas que lo adquirieron en subasta

ABC/SEVILLA 29.12.2005

El Tribunal Supremo ha confirmado, con una ligera modificación de la pena, la condena impuesta a Carmen Lobo, ex edil de IU en Camas , por falsedad y estafa en la venta de un piso, asunto que desencadenó la actual crisis en el municipio.

Fuentes del caso dijeron hoy a Efe que la Sala de lo Penal del Supremo ha confirmado la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, aunque ha rebajado la pena de un año y medio a un año y tres meses por considerar la estafa en grado de tentativa y no como consumada.

Este fallo de la Audiencia de Sevilla por delitos de falsedad documental y estafa desencadenó la actual crisis municipal de Camas, pues el grupo de IU expulsó a Lobo de sus filas y quedó en minoría, al pasar esta edil al Grupo Mixto.

Junto con Lobo, el Supremo ha condenado en idénticos términos a Francisco Javier Gordo, militante de IU en Camas, que denunció en el Juzgado el presunto caso de cohecho que investiga un juzgado de Sevilla y en el que están imputadas cinco personas, entre ellas el alcalde de Camas, Agustín Pavón (IU).

Lobo y Gordo fueron condenados por la Audiencia de Sevilla a un año y medio de cárcel y a pagar una multa de 2.700 euros por simular un contrato de arrendamiento a favor de la concejala para evitar que un piso propiedad del asesor del alcalde pasara a las personas que lo adquirieron en subasta hipotecaria el 5 de marzo de 2001.

«Maniobra»

Según aquél veredicto, este alquiler ficticio fue «una simple maniobra urdida para impedir que el adjudicatario pudiera tomar posesión de la vivienda» legítimamente adquirida.

La condena incluía ya entonces una indemnización de 5.469 euros a los compradores del piso por los perjuicios derivados de no haber podido tomar posesión del mismo desde la subasta efectuada el 5 de marzo de 2001 hasta el 3 de mayo de 2002, día en el que se acordó llevar a cabo un lanzamiento judicial con apoyo de la fuerza pública.

Los procesados llegaron a dirigir un escrito al Juzgado «para hacer creer al juez la veracidad de la situación» que el contrato reflejaba, según la sentencia.

Fuentes del caso dijeron a Efe que esta sentencia será tratada en el próximo Pleno del Ayuntamiento.