Una denuncia condenada al archivo

Fuente: Diario de Sevilla Edición Internet 10.10.2006

El juez que investiga un presunto soborno en relación con la moción de censura que devolvió la Alcaldía de Bormujos a Baldomero Gaviño tomará declaración hoy a los denunciantes del caso: los ediles de la Agrupación Independiente de Bormujos (AIB) Joaquín Domínguez y María José Parrado. Estos concejales acuden al juez para ratificar que el intermediario Eusebio Gaviño, primo segundo del alcalde e imputado en otro presunto cohecho en Camas, les ofreció 800.000 euros antes de la moción de censura y que esta misma oferta fue realizada al edil tránsfuga José Sánchez Ramírez, cuyo voto propició la aprobación de la moción de censura.

El principal problema que tiene ante sí el juez que investiga la denuncia procede de la falta de pruebas directas que corroboren la denuncia sobre el presunto soborno. A diferencia de lo que ocurre en el caso Camas, donde el juez dispone de una serie de grabaciones realizadas por los propios denunciantes y de los pinchazos telefónicos de la Policía, en la denuncia de Bormujos no hay ese tipo de pruebas. Tampoco hay una entrega de un sobre con 12.000 euros como la que hizo Eusebio Gaviño a la concejal Carmen Lobo, lo que constituye en principio una prueba material del delito denunciado.

En el caso Bormujos sólo hay unas manifestaciones efectuadas por dos concejales de la oposición que denuncian casi un año después que les hicieron una oferta, coincidiendo con el escándalo del soborno en otra localidad. Ese supuesto soborno ha sido rechazado tanto por el alcalde de Bormujos como por el edil tránsfuga José Sánchez, mientras que la persona que supuestamente ofreció el dinero, Eusebio Gaviño, no ha comparecido ante el juez por motivos de salud. Ante estas dos versiones opuestas, el juez debe valorar además hasta qué punto las afirmaciones del intermediario pueden considerarse creíbles, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que han declarado han puesto de manifiesto la mentalidad "fantasiosa" de Eusebio Gaviño. El alcalde de Bormujos llegó incluso a indicar que su primo era capaz de "venderlo todo" porque no tenía medida alguna.

Frente a este cúmulo de afirmaciones no probadas sobre el soborno y salvo que en las declaraciones que aún quedan por prestarse aparezca algún indicio o prueba contundente, la denuncia por cohecho en Bormujos tiene pocos visos de prosperar y es muy probable que el juez acabe archivándola. La Justicia no atiende a rumores o conjeturas, porque hay dos principios básicos que deben inspirar toda actuación judicial: la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, que implica que en el caso de que existan dudas ésta debe resolverse a favor del acusado.

Cabe preguntarse de otro lado si la Fiscalía y el juez que investigan el soborno en Camas, que es precisamente el mismo que instruye la denuncia de Bormujos, estarían dispuestos a continuar el procedimiento abierto contra el alcalde y los ediles imputados de no existir el sobre con los 12.000 euros que la ex edil Carmen Lobo recibió la víspera de un Pleno en el que debía votar a favor de varios proyectos urbanísticos. En este caso, las intervenciones telefónicas antes y después del Pleno constituyen nuevos indicios del delito. La suerte que correrán los casos de soborno del Aljarafe dependerá precisamente de las pruebas que existan.