Dos empresarios de la construcción que operaban en la comarca del Aljarafe han sido condenados a un año de cárcel cada uno por defraudar un total de 355.422 euros en cuotas a la Seguridad Social, cuyo pago eludieron cambiando el nombre de sus empresas, trasladando de una a otra el personal contratado en varias ocasiones y cambiando de domicilio social para no ser localizados por la Administración.

La sentencia del juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe, dice que uno de los acusados, I.H.M., que tenía adjudicada la construcción de 12 viviendas en Bormujos, subcontrató su ejecución con la empresa del segundo procesado, identificado con las iniciales de R.I.G., entre los meses de mayo y diciembre de 1999.

En ese periodo, la citada empresa dejó de abonar cuotas a la Seguridad Social por importe de 244.726 euros, que la entidad pública "no pudo cobrar en vía de apremio, al darse de baja la empresa en su actividad y desaparecer de su domicilio social", con lo que no pudo ser localizada.

La sentencia añade que los trabajadores "fueron inmediatamente dados de alta" en una segunda compañía de diferente denominación, cuyo administrador era el mismo R.I.G., y que fue subcontratada para continuar las obras de las mismas 12 viviendas en el periodo que va de los meses de enero a abril del año 2000.

También esta segunda empresa dejó de pagar las correspondientes cuotas de la Seguridad Social y generó una deuda de otros 110.696 euros, si bien, al tratarse de una cantidad inferior, aunque sea por poco, a los 120.000 euros que establece el Código Penal, tal incumplimiento se considera que es una falta administrativa y no un delito.

Las cantidades defraudadas incluyen la cuota patronal, la cuota obrera y los recargos por demora del pago, que son del 20%, pero no los recargos por apremio ni los respectivos intereses, que los dos empresarios de la construcción deberán abonar ahora como parte de su condena, según se establece en la sentencia. La juez les impone además el pago de una multa de 250.000 euros a cada uno por un delito contra la Seguridad Social.

La sentencia considera demostrado que los acusados actuaron de común acuerdo para defraudar, construyeron un "entramado" de empresas y urdieron ex profeso tal "artificio" con la misma finalidad.